Octavio Ortiz García
Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2026.- El Quinto Informe de Gobierno de Michoacán debe analizarse más allá de las cifras y las obras realizadas, pues uno de sus principales significados políticos se encuentra en la recuperación gradual de la capacidad institucional y financiera del Estado, sostuvo el diputado de Morena por el Distrito Zacapu, Iván Arévalo Vera, durante la contestación del 5to Informe del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En su intervención, recordó que la historia reciente de Michoacán también puede entenderse como la de un estado que durante años perdió capacidad para construir y gobernar su propio territorio, situación que alcanzó uno de sus momentos más críticos en 2014, cuando el Gobierno de la República decretó medidas extraordinarias ante la profundidad de la problemática estatal y creó una comisión federal con facultades para coordinar acciones políticas, sociales, económicas y de seguridad.
Explicó que aquella crisis tuvo consecuencias que trascendieron el ámbito de la seguridad, pues también se reflejó en las finanzas públicas y en la capacidad del gobierno para cumplir sus obligaciones básicas.
“Cuando un Estado pierde capacidad financiera, pierde también capacidad para gobernar”, sostuvo, al señalar que durante años las obligaciones públicas estuvieron sujetas a negociaciones de emergencia, lo que redujo el horizonte de planeación y obligó a destinar buena parte de la energía gubernamental a resolver problemas inmediatos.
Por ello, consideró que uno de los datos políticamente relevantes del actual informe no se encuentra únicamente en un programa determinado, sino en la recuperación de margen de maniobra para las instituciones públicas.
Destacó que Michoacán actualmente puede realizar inversión pública sin haber contratado deuda de largo plazo durante la actual administración, además de mantener con mayor regularidad el pago de la nómina educativa y desarrollar programas de inversión.
Afirmó que el saneamiento de las finanzas públicas no debe entenderse únicamente como una virtud administrativa, sino como un elemento que devuelve al poder público capacidad de decisión.
“Un gobierno excesivamente endeudado limita las decisiones tomadas en el pasado; una hacienda pública con mayor margen puede discutir, planear y optimizar”, expresó.
Infraestructura y territorio
Otro de los elementos destacados fue la inversión en infraestructura carretera. De acuerdo con el informe, se han concluido más de 250 mil kilómetros de carreteras, con una inversión acumulada superior a los 6 mil 775 millones de pesos.
Sin embargo, el orador planteó que el significado de estas obras debe medirse también desde su impacto humano y territorial, particularmente en las comunidades rurales donde las distancias hacia las cabeceras municipales pueden representar una importante barrera para acceder a servicios y oportunidades.
Una red carretera integrada, señaló, no solamente permite el traslado de personas y mercancías, sino que acerca servicios, instituciones y oportunidades económicas, al tiempo que contribuye a integrar territorialmente a Michoacán.
En este sentido, sostuvo que el valor de una obra pública trasciende cuando deja de ser una acción aislada y se incorpora a una estrategia territorial que puede superar el periodo de una administración.
Educación: convertir la crisis en normalidad
En materia educativa, destacó que uno de los cambios más significativos consiste precisamente en que aquello que durante años fue motivo permanente de crisis comienza a formar parte de la normalidad institucional.
El Quinto Informe, recordó, reporta avances en el pago regular al magisterio y acciones relacionadas con la educación básica, además de que más de 842 mil estudiantes reciben becas educativas.
“La democracia de este cambio está precisamente en que comienza a dejar de ser noticia”, planteó, al explicar que una institución se fortalece cuando cumple regularmente sus obligaciones y deja de depender de operaciones extraordinarias para funcionar.
Desde esta perspectiva, afirmó, la normalidad institucional constituye una de las formas más silenciosas, pero también más profundas, de transformación pública.
Autogobierno de los pueblos originarios
El discurso también puso especial atención en la relación del Estado con las comunidades y pueblos originarios de Michoacán.
Recordó que la entidad cuenta con una amplia tradición comunitaria que antecede incluso a la formación del Estado mexicano, pero que durante décadas las decisiones presupuestales fueron tomadas fuera de las propias comunidades.
En este contexto, destacó el avance de los esquemas de autogobierno y señaló que, para julio de este año, 52 comunidades habían transitado hacia mecanismos de gobierno propio, acompañados por reformas constitucionales relacionadas con sus derechos y autodeterminación.
La discusión, sostuvo, plantea una pregunta esencial para la democracia: quién tiene derecho a decidir sobre los recursos y asuntos que corresponden directamente a las comunidades.
Cuando una comunidad administra directamente los recursos que constitucionalmente le corresponden, argumentó, la autonomía deja de ser solamente un concepto discursivo y adquiere una dimensión material.
El Plan Morelos y la responsabilidad del Congreso
Finalmente, señaló que las transformaciones impulsadas durante la actual administración deben analizarse desde una perspectiva más amplia, particularmente a partir del denominado Plan Morelos y las reformas constitucionales promovidas desde el Ejecutivo estatal.
Entre los temas mencionados se encuentran el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, modificaciones institucionales, reformas relacionadas con el combate a la corrupción y la transformación del Poder Judicial.
En este proceso, afirmó, el Congreso del Estado tiene una responsabilidad que trasciende el acompañamiento político al Ejecutivo, pues corresponde al Poder Legislativo determinar qué conquistas sociales deben convertirse en obligaciones públicas y qué instituciones requieren modificaciones para responder de manera más eficiente a las necesidades de la sociedad.
“El Congreso tiene sentido cuando tiene la capacidad de convertir las conquistas sociales en obligaciones públicas”, planteó.
De esta manera, concluyó que la discusión del Quinto Informe no debe reducirse a una revisión de cifras, obras o programas, sino considerar si Michoacán está recuperando capacidades institucionales que durante años estuvieron debilitadas y si esas transformaciones pueden convertirse en reglas e instituciones que permanezcan más allá de una administración.