* La legisladora petista señaló que en estos tiempos los derechos de las comunidades indígenas están más presentes, luego de años de soslayo por parte de las autoridades.
Morelia, Michoacán a 16 de febrero del 2022.- Luego de los hechos suscitados en la capital michoacana, donde el monumento denominado “Los Constructores de la Ciudad” fue dañado, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Gabriela Cázares Blanco, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso del Estado, manifestó que las figuras que promueven estereotipos y normalizan la discriminación deben ser cuestionados en su función social e histórica.
“El retiro o la erección de monumentos es señal inequívoca de la reescritura consciente del pasado, sobre todo cuando la historia se encuentra plagada de injusticia, pero también lo es del presente y del futuro colectivo. Quitar del espacio público los monumentos que dan un mensaje que normaliza la explotación o la humillación no cambian nuestra historia, pero sí cambian cómo pensamos y escribimos la historia, cómo nos posicionamos ante ella y ante el devenir”.
La legisladora petista señaló que en estos tiempos los derechos de las comunidades indígenas están vivos y en movilización, luego de años de soslayo por parte de las autoridades de distintos órdenes. En específico, señaló que sobre este monumento las demandas de un grupo de comunidades indígenas no fueron escuchadas.
“Nuestros tiempos apuntan a los pueblos y comunidades indígenas como sujetas y sujetos de derechos. Parte del sentido de ese derecho, de esa organización y movilización es, precisamente, tomar posesión de su lugar en la historia. La discriminación que tanto se ha prescrito y penado en la norma constitucional, se revive en la realidad cotidiana. En este sentido, el retiro de la escultura en la ciudad de Morelia fue una demanda pública por parte de representantes de una organización indígena purépecha y fue ignorada”.
Cázares Blanco recalcó que es importante hacer notar que los poderes públicos que minimizan o infantilizan a los pueblos y comunidades, sus demandas y derechos, reproducen la violencia en contra de los mismos.
“Ignorar sus peticiones es sinónimo de una silenciosa violencia; los gobiernos deben establecer agendas públicas con miras al bienestar y garantía de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades, y ello empieza por escucharles y construir de manera conjunta”.
La congresista petista reconoció la polémica del tema, por tal motivo invitó a los diferentes órdenes de gobierno a abandonar prejuicios, a dialogar e involucrase en el tema a través del debate público que permita visibilizar las injusticias estructurales que aquejan a los grupos en situación de vulnerabilidad y que permita entender sus demandas para generar acciones que garanticen el ejercicio de sus derechos, así como el de todos los michoacanos.
“Deben abrirse espacios de diálogo y el debate público, necesitamos pensar en términos de justicia social, que le permita a los pueblos y comunidades ser escuchados, en principio, pero también canalizar sus demandas a las instituciones pertinentes, construyendo un ambiente democrático y pluricultural”, concluyó.
