Por David Daniel Romero Robles.
La tensión diplomática entre México y Perú ha escalado a un punto crítico, marcado por la sugerencia del presidente peruano, José Jerí, de llevar a cabo una acción que, de concretarse, representaría una flagrante violación de las normas internacionales sobre asilo y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Jerí planteó la posibilidad de ingresar a la Embajada de México en Lima para sacar a la exministra Betsy Chávez, quien cuenta con asilo político otorgado por el gobierno mexicano.
Esta declaración, donde Jerí afirmó que “si se tiene que ingresar a la Embajada mexicana, se hará”, ha encendido las alarmas, pues una intervención en la embajada estaría “fuera de toda norma” internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que Chávez tiene un “derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos” y que su vulneración “sería muy grave”.
El derecho de asilo es una facultad jurídica soberana que permite a un Estado conceder refugio a individuos perseguidos. Además, el otorgamiento de asilo no constituye en sí mismo un acto inamistoso ni una interferencia en los asuntos domésticos del otro Estado.
México, en el ejercicio de esta soberanía, defendió que su decisión de otorgar asilo a Betsy Chávez se apega al derecho internacional y a su tradición de protección a perseguidos políticos. Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo, está acusada de participar en un intento de autogolpe de Estado. No obstante, de acuerdo con la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 (de la cual México es parte), corresponde al Estado asilante (México) la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.
La amenaza de Jerí, si se materializara, constituiría un hecho ilícito que generaría responsabilidad internacional. Cualquier acto de violencia o secuestro llevado a cabo por oficiales estatales en contra del sujeto asilado es una clara violación de la soberanía territorial. Jerí, aunque luego relativizó sus argumentos, generó preocupación con esta declaración, que una exministra peruana calificó como una “bravuconada en televisión”.
Existe un antecedente peligroso en el continente: cuando la policía de Ecuador ingresó por la fuerza a la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, lo cual rompió las relaciones diplomáticas entre ambos países. Perú parece arriesgarse a repetir este quiebre de los cánones de la diplomacia.
La situación de tensión política, que comenzó tras la destitución de Pedro Castillo en 2021, ha sido exacerbada por el asilo a Chávez y la posterior ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por el canciller peruano Hugo de Zela.
Creo firmemente que esta escalada está siendo forzada por “un capricho de la ultraderecha”. La exministra Anahí Durán asegura que el Estado peruano pretende “reestructurar la Convención de Viena” y crear “nuevas normas de asilo” como excusa para alargar la decisión y no dar el salvoconducto a Chávez.
Independientemente de las motivaciones internas de Perú, la continuidad del deterioro de la relación bilateral perjudica “sobre todo al Perú”. México tiene inversiones importantes en Perú, incluyendo al grupo México con grandes proyectos, sobre todo en minería. Considero que cualquier daño a las relaciones diplomáticas representa un costo demasiado alto que no solo afecta las relaciones económicas, pareciera ser que en el fondo la intensión política es distanciar la hermandad de los pueblos originarios del continente, bajo la premisa de divide y vencerás.
La sugerencia de Jerí de incursionar en la embajada no solo está fuera de la norma internacional, sino que, de llevarse a cabo, violaría la soberanía territorial de México y lo situaría en un camino de responsabilidad internacional, quebrando los principios fundamentales que rigen las relaciones entr
e Estados.