– Se iniciará un proceso legal en contra de quienes generen afectaciones al servicio de agua en la ciudad
Morelia, Michoacán, 5 de mayo de 2026.- Adolfo Fito Torres, advirtió que se iniciarán acciones legales en contra de las personas que han obstaculizado y saboteado las obras hidráulicas que se desarrollan en la zona de Santa María afectando directamente el derecho de miles de ciudadanos a recibir el servicio de agua potable; “en Morelia no vamos a permitir que intereses políticos o personales estén por encima del bienestar ciudadano. La gobernabilidad no es negociable y mucho menos cuando se trata del acceso al agua potable para miles de familias”, señaló.
Lo anterior, luego de que distintos medios de comunicación documentaran que un grupo reducido de personas, plenamente identificadas y vinculadas a intereses políticos, irrumpió de manera agresiva para detener trabajos estratégicos de interconexión hidráulica en la zona sur de Morelia; indicó que “El agua no puede ser rehén de intereses políticos. Vamos a defender el derecho de las familias morelianas y vamos a garantizar que las obras continúen”, indicó Fito.
Habló también de que “Quienes hoy están afectando las obras no dañan al gobierno, dañan a las familias que esperan agua en sus hogares. Están atentando contra el derecho de miles de personas y contra la responsabilidad institucional que tiene el OOAPAS de llevar agua a toda la cuidad, lo que intentan es dañar al funcionario pero no están pensando en sus propios vecinos”
La irrupción violenta de este grupo ha provocado retrasos, interrupciones y daños que afectan directamente a ciudadanos cumplidos, responsables y comprometidos con el pago de sus servicios, además de una erogación financiera mayor a la planeada; recordó que el organismo ha mantenido apertura al diálogo y atención permanente con vecinos y colonias de la zona, privilegiando siempre la legalidad y el interés colectivo.
Fito Torres concluyó siendo claro con que ninguna presión política, grupo de choque o interés particular estará por encima de la ciudadanía ni del orden institucional, por lo que se procederá jurídicamente contra quienes resulten responsables de obstruir obras públicas, afectar servicios esenciales y generar actos de violencia.