_”De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas de los hombres. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres…” — Popol Vuh_
En nuestro país, la soberanía también emana de la tierra; con ella, nace la facultad de una nación completa para decidir sobre la materia prima de su propia existencia. El maíz en México representa la matriz de nuestra identidad y se consolida como un activo estratégico de seguridad nacional. Hoy, el decreto presidencial que reforma los artículos 4° y 27° constitucionales en materia de conservación y protección de maíces nativos, tiene un objetivo nítido: proteger las 59 razas que nos dan origen y caminar hacia la recuperación definitiva del campo y la soberanía alimentaria.
Hace más de tres décadas, la biotecnología apuntalaba un futuro global bajo la promesa de erradicar el hambre mediante la introducción de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Hoy, el veredicto de la historia señala hacia otro lado: según datos de la ONU (2024), 733 millones de personas padecen hambre crónica en el mundo, mientras que el modelo de alimentos transgénicos solo ha servido para consolidar un acaparamiento monopólico. Estamos ante una suerte de embudo tecnológico que concentra en apenas cuatro grandes empresas más del 60% del mercado mundial de semillas. Es un progreso con tintes de despojo, o despojo con tintes de progreso, como lo quiera ver.
Ahora bien, resulta pertinente trazar la diferenciación entre seguridad y soberanía alimentaria. Mientras la primera se limita a garantizar el acceso a calorías mediante la apertura de mercados, la soberanía es un acto de voluntad política que pone al centro el derecho a decidir qué se produce en territorio nacional y cómo se consume. Para México, esta distinción es medular: el maíz representa el 50% de la ingesta calórica con un consumo per cápita de 331.9 kg. A la fecha, las importaciones de maíz han alcanzado la cifra récord de 24.5 millones de toneladas; es decir, la mitad del consumo nacional. Esta dependencia del grano extranjero nos coloca en una situación de vulnerabilidad estratégica que compromente la autonomía nacional.
A partir del decreto constitucional que veta la siembra de grano modificado genéticamente en territorio nacional, se asume una óptica soberana que protege, en primera instancia, a los productores de pequeña y mediana escala, quienes han mantenido vivas las semillas nativas por milenios. Esta reconfiguración del campo mexicano bajo el precepto de “que coman los que nos dan de comer” permite hacer frente a las presiones del mercado global y contener la erosión de nuestra autonomía. Sin embargo, el decreto solo es el comienzo, la tarea pendiente radica en dotar de infraestructura técnica y financiamiento a esos mismos productores para que esa autonomía legal se traduzca, finalmente, en dejar de importar del extranjero el maíz que nuestra propia tierra puede crecer.
La soberanía es, al final del día, la capacidad de decidir qué llevamos a la mesa sin que nuestra libertad sea desplazada por los intereses del capital. Quienes hemos caminado al lado de las mujeres y hombres del campo, entendemos que la patria también se defiende protegiendo nuestras semillas. La riqueza de nuestro país yace en su diversidad y en su resistencia. La soberanía alimentaria debe ser la brújula que guíe la política agropecuaria del país, poniendo al centro la milpa y la revalorización de la actividad agraria como el cimiento de nuestra independencia.