Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.– Para garantizar un mejor servicio de agua potable en el sur de Morelia es necesaria la extinción de la Junta de Aguas de Santa María, afirmó la regidora del PRD en el Cabildo de Morelia, Lucila Martínez Manríquez.
La regidora explicó que el crecimiento de las colonias que actualmente administra dicha junta rebasa sus capacidades operativas, por lo que consideró indispensable que el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) absorba la red hidráulica, a fin de realizar mantenimiento, inversión en infraestructura y fortalecer la transparencia en el manejo del servicio.
“Para que se pueda garantizar el agua a muchas colonias necesitamos mejor infraestructura. Cuando se requiere mantenimiento o ampliación de la red, quien termina realizando los trabajos es el Ayuntamiento, por lo que es necesario fortalecer el sistema y transparentar su operación”, expresó.
Martínez Manríquez reconoció que algunos vecinos argumentan ser propietarios de la infraestructura, por lo que exhortó al presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y al secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, a establecer canales de comunicación con los habitantes para encontrar soluciones satisfactorias a sus demandas.
Lo anterior se dio en el contexto de una manifestación de habitantes y colonos de la tenencia de Santa María que se presentó este lunes en el Cabildo de Morelia, donde exigieron la reinstalación de la Junta de Aguas y denunciaron que su eliminación se realizó sin consultar a la ciudadanía.
Durante la sesión, el presidente municipal Alfonso Martínez solicitó a los manifestantes liberar previamente las instalaciones de la Junta del Agua como condición para instalar una mesa de trabajo y diálogo. Asimismo, sostuvo que detrás de las protestas existen intereses económicos, al señalar que anteriormente se comercializaban factibilidades para pozos que nunca se concretaron.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, informó que la extinta junta no entregó sus estados financieros, lo que ha impedido realizar una auditoría que permita conocer el estado real de
sus finanzas.